Algunas relaciones y conflictos entre sociedad y naturaleza están mediadas, justificadas u originadas en la aplicación de principios o reglas de diversos sistemas jurídicos, dentro de los cuales el derecho estatal juega un papel relevante, aunque no exclusivo. Bajo el marco proporcionado por el pluralismo jurídico, hoy se reconoce que la conducta humana puede ser regulada por ordenamientos de diferentes orígenes, como el estatal, el comunitario, entre otros. En este contexto, el derecho establece condiciones para el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, facilita o complica la apropiación de los elementos constitutivos de la naturaleza, incide directamente en el desarrollo de actividades económicas que requieren el uso de recursos como el agua, el aire, la flora o el suelo, y contribuye a la construcción de un imaginario colectivo sobre la relación entre el ser humano y su entorno. Esto se logra mediante la producción de normas de prevención, mitigación, corrección o compensación de riesgos y efectos ambientales negativos, así como a través de la adjudicación judicial o intervención administrativa, mediante funciones de inspección, vigilancia y control. La producción normativa, por lo general, resulta de las interacciones entre estos diversos derechos y refleja luchas y resistencias por hacer prevalecer determinadas posiciones jurídicas. Este libro tiene como objetivo evidenciar cómo las relaciones entre sistemas normativos —uno de origen comunitario y otro representativo del derecho estatal— en una región como el municipio de Jambaló, en el norte del Cauca, contribuyen a la protección ambiental en el territorio.